El ministro destacó que el objetivo principal es garantizar que las condiciones del puerto sean favorables para los productores, promoviendo tarifas más accesibles y una infraestructura que beneficie a todos los usuarios. "La inversión siempre se traslada al productor", afirmó, aludiendo a los beneficios que una mejora en la infraestructura portuaria traería al sector agroexportador.

Uno de los puntos controvertidos, según Rodríguez, fue la propuesta de reservar un 30 por ciento del uso del elevador para un consorcio provincial. Esta medida, explicó, busca evitar que un único operador controle el puerto. "Estamos pensando a largo plazo, nadie quiere que la única forma de operar en la región dependa de un solo actor", dijo.

Además, subrayó la necesidad de un servicio público más eficiente, que responda rápidamente a las quejas y asegure la competitividad en el uso de las instalaciones. Finalmente, señaló que el marco regulatorio definitivo para Puerto Quequén se decidirá en próximas reuniones del Consorcio, que incluye a productores, instituciones intermedias, agroexportadores y el Estado.